La RFEF se defiende y asegura que Mediapro "ha pasado una línea roja"

Las Rozas (Madrid), 14 ago (EFE).- Andreu Camps, secretario general de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), opinó que Mediapro "ha pasado una línea roja" con la denuncia en su contra por apropiación indebida del material del sistema de videoarbitaje (VAR) y se mostró "tranquilo" por entender que el organismo "ha actuado de buena fe".

"La RFEF no puede permitir de ninguna manera que se ponga en duda la labor y la profesionalidad de todo el equipo del CTA, de los árbitros y especialmente de su presidente. Se ha pasado una línea roja que nadie tenía que haber pasado", declaró este miércoles en la Ciudad del Fútbol.

Para Camps, "denunciar al presidente del CTA de apropiación indebida" como ha hecho el grupo audiovisual "es gravísimo" e "intolerable". "Esta Federación no puede permitir que se pretenda hacer daño al colectivo arbitral o a su presidente. Hay cosas que no son admisibles y veremos en su momento qué acciones podemos desarrollar", dijo.

Camps confirmó al comienzo de su comparecencia la presentación de la denuncia de Mediapro por apropiación indebida de bienes muebles en la sala VOR de la Federación, así como que la RFEF presentó esta mañana sus consideraciones a la espera de que el juez de guardia dicte medidas cautelares este viernes como tarde.

A continuación, el secretario general de la RFEF explicó cómo acontecieron los hechos cronológicamente desde que se decidió sacar a concurso la empresa proveedora del VAR, tras finalizar el convenio de coordinación con LaLiga el pasado 30 de junio.

"Había un acuerdo entre la RFEF y LaLiga por el que la RFEF encargaba a LaLiga la ayuda tecnológica de la implantación del VAR que finalizó el 30 de junio. Bastante antes de finalizar este periodo comunicamos a LaLiga que íbamos a sacar un concurso. A éste se presentaron dos empresas que fueron Mediapro y Hawk-Eye, ganó Hawk-Eye y se le adjudicó a esta empresa", contextualizó Camps.

"En fecha de 10 de julio envío una carta a Mediapro en la que se le dice que ha ganado Hawk-Eye el concurso y que tienen una serie de materiales aquí y por favor retiren todo el material que hay y que en el caso de que dichos materiales no sean retirados por su parte en el plazo estimado se depositarán en el almacén de la Federación", añadió.

Tras el concurso, Mediapro presentó una demanda en los juzgados por la competencia del VAR, por lo que su respuesta fue que sería "contraproducente" retirar su material si finalmente el juez les diese la razón -que no fue así- para que el sistema de videoarbitraje estuviera activo al inicio de la competición.

"Entendemos por ello y considerando ambos factores que la única alternativa es no desmontar nada con el compromiso por nuestra parte que si en el juzgado se deniegan las medidas cautelares solicitadas se le venderían por el precio de mercado", contestó Mediapro.

Con esta respuesta, la RFEF se mostró partidaria de adquirir el material en dicho caso, pero pidió un inventario de bienes muebles que el grupo audiovisual tenía instalado para determinar qué material era suyo, de LaLiga o de la Federación. Una petición que, según Camps, no les llegó.

Según estipuló Mediapro en su demanda, el material de su propiedad perfectamente identificado consta de siete mesas técnicas, cableado vario necesario para la prestación del servicio y discos NAS de almacenaje de clips de vídeo por un valor total de mercado superior a 50.000€.

El secretario general de la RFEF confirmó que operarios de Mediapro acudieron el 8 de agosto a las salas VOR a "llevarse aquello que bajo el punto de vista estructural era fácil de llevar, pero nada más" y que la Federación "desconectó el resto de los aparatos" para conectar los suyos "de buena fe y lo que se nos dijo que podíamos comprar".

El 30 de julio, detalló Camps, Mediapro comunicó que le manifestaran por escrito si estaban interesados en los bienes muebles y que les dirían el precio, pero que, después de transmitirles de nuevo su disposición a comprarlos, no les llegó ninguna valoración hasta una comunicación que decía: "o nos lo entregan en 6 horas o les denunciamos por apropiación indebida".

Tras esto, la RFEF transmitió a Mediapro que se podrían llevar sus muebles, pero que lo hicieran el lunes 19 de agosto, después de la primera jornada, para no ocasionar ningún problema en el funcionamiento del VAR en el inicio de los campeonatos de Primera y Segunda División, siempre y cuando "identificasen de forma cierta y veraz lo que es suyo".

A pesar de esto, Andreu Camps aseguró que solo están usando unas mesas y cables propiedad de Mediapro pero que, incluso en el caso de que la empresa audiovisual los retirase antes del inicio de la competición, el sistema de videoarbitraje funcionará. "Pase lo que pase el VAR funcionará este fin de semana", garantizó.

Camps hizo hincapié en otro bien que se incluye en la demanda de Mediapro, además de los muebles y cables, como son los discos duros, que contienen información clave del grupo audiovisual, LaLiga y la propia Federación y que de no tratarse bien puede hacer que la FIFA inhabilite a España a tener VAR.

"Esos discos solo se leen en unos aparatos que tiene la propia Mediapro, por lo que necesitamos sus lectores para leerla e identificar a quién pertenece cada información. Hay toda una información que la FIFA prohíbe difundir y dar a nadie, así que nosotros tenemos que asegurarnos de no dar ninguna información a una empresa que la FIFA prohíbe que se haga porque nos inhabilitaría tener VAR en España", destacó Camps.

El secretario general de la RFEF aseguró que está "absolutamente tranquilo porque han actuado de buena fe" y se negó a señalar que detrás de la denuncia de Mediapro haya alguien interesado en que el VAR falle en la primera jornada de Liga.

Por último, Camps quiso defender a Carlos Velasco Carballo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, contra quien también va dirigida la demanda por apropiación indebida.

"El señor Carlos Velasco Carballo no tiene nada que ver con este tema. Las decisiones sobre este tema son exclusivamente mías, no se puede intentar imputar una responsabilidad penal a alguien que no ha adoptado esas decisiones; las he adoptado yo", dijo.